AVARICIA, CODICIA Y DEMAGOGIA; CAUSAS DEL LLAMADO CONFLICTO MAPUCHE

En el llamado conflicto mapuche en la zona de La Araucanía, Los Rios y Los Lagos, se reúne lo más granado de la estulticia, demagogia, codicia y avaricia de nuestra nacionalidad.

El gobierno militar impulsó dos políticas de estado – a mi juicio atinadas- que son una isla en un océano de desatinos que posteriormente han cometido el estado nacional, los empresarios forestales más influyentes y las comunidades mapuches del sector; condimentadas por la demagogia de la izquierda revolucionaria.

Impulsó el gobierno militar el Decreto Ley 701, un fondo fiscal extraído de fondos generales de la nación, para subvencionar el desarrollo forestal. A los particulares se les bonificaba un porcentaje de la inversión en reforestación de terrenos con aptitud preferentemente forestal. Permitió esa bonificación poner de pie una industria forestal entonces casi inexistente. Dos consorcios económicos – CMPC y Forestal Arauco - que entonces tenían un valor bursátil con el cual hoy día un banco no les otorgaría ni un préstamo de consumo, se capitalizaron gracias a ese mecanismo. Existió un abuso tolerado negligentemente por las autoridades sectoriales, que consistió en integrar tierras que no tenían exactamente aptitudes preferentemente forestales sino agrícolas, a la bonificación forestal, pero se estimó entonces que aquello no hacía ningún daño, sino más bien beneficio, porque integraba terrenos que no tenían entonces un destino productivo agrícola.

La capitalización de esas empresas no solo agregó valor a los terrenos que ya entonces poseían legalmente, sino que impulsó una agresiva política de adquisiciones de terrenos algunos forestales y otros agrícolas, sobre los cuales desarrolló planes de forestación inicialmente subvencionados por el Decreto Ley 701 y después con sus propios recursos.

La otra política de estado, permitió nivelar a las personas miembros de comunidades mapuches a la condición de ciudadanos plenamente capaces para usar, gozar y disponer de sus bienes, confiriéndoles títulos individuales de plenos propietarios, sobre tierras que poseían con títulos precarios que les impedían la libre disposición.

Los efectos de estas dos políticas fueron mayormente beneficiosos. Se generó una industria antes inexistente, y un círculo virtuoso de actividad económica y mejora en las condiciones de vida, de sectores hasta antes del decreto ley 701 sumidos en la pobreza, subalimentación y abandono por parte de los bienes públicos que provee el estado. En el caso de los nuevos propietarios individuales en un porcentaje indeterminado – y deliberadamente obscurecido por los políticos demagogos – los nuevos propietarios hicieron fructificar y prosperar sus propiedades individuales, y por tal razón, electoralmente siempre le dieron la mayoría de votos a quienes dicen ser los herederos del gobierno militar.

Pero también hubo efectos perniciosos de estas dos políticas. La afectación al destino agrícola de terrenos que antes habían sido el granero de américa (en el siglo XIX el principal exportador de trigo a California era Chile). El trastorno ecológico que supuso poblar con especies forestales foráneas que tiene hábitos de consumo de agua distintas a las especies nativas ha agudizado los efectos de la sequía; y el desamparo social de personas que habiéndole legalmente vendido a las empresas forestales no tuvieron el talento y condiciones para fructificar con el capital monetario recibido.

Siguiendo su premisa victimista en orden a que la causa del fracaso de los fracasados es el éxito de los exitosos, el gobierno de Patricio Aylwin Azocar autor intelectual de la ley de reforma agraria que sembró el caos en todo el agro chileno, dictó en su gobierno la ley indígena, que ha resultado ser el portaviones del caos social en las zonas rurales donde antaño convivían pacíficamente comunidades indígenas. No ha solucionado ningún problema social ni político, ha elevado a la potencia las frustraciones sociales y ha legitimado la usurpación. La demagogia ha sembrado la codicia de los frustrados por haber dejado de ser poseedores y como este círculo genera más pobreza y frustración, a los nuevos pobres la demagogia los pliega al ejército de frustrados y estos terminan siendo legiones.

¿Y cómo reaccionan los controladores de las empresas que se enriquecieron basalmente de los aportes del fisco? Pues ocupados en lo único que saben hacer: maximizar los beneficios de sus accionistas y ahora, efectuando una triangulación grotescamente simple para hacer desaparecer todos sus activos fijos en la zona conflictiva y transformarlos en activos circulantes. En efecto; Arauco, obligada por ley, informó a la Comisión para el Mercado Financiero, como hecho esencial que había “vendido” sus más de 80 mil hectáreas forestales a fondos de inversión foráneos y todos para la casa con sus utilidades. ¿Qué pasa con el giro forestal? Pues que sigue explotándolo, arrendando a su “contraparte” propietaria de las tierras. ¿Es jurídicamente lícita esta operación? No solamente lícita, sino que blinda a los accionistas porque no podrán expropiar lo que es de propiedad de extranjeros vinculados por pactos de comercio como Japón, Corea, etc. ¡Golazo! Se abrazan gerentes, abogados y banqueros; como cuando la selección hace un gol. Cuales prestidigitadores hacen un malabar astuto y todos sus activos desaparecen por arte de birlibirloque.

La avaricia se define como el afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas; la codicia como el afán desmedido de riquezas y bienes que no se poseen y la demagogia es la degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante el temor y concesiones y halagos falsos, que estimulan las emociones elementales de los gobernados, buscan conseguir e incrementar su poder.

No hay posibilidad alguna de concertar la paz social cuando la empresa privada (privada entre comillas porque fue subvencionada en sus orígenes) tienen en su norte exclusivamente la avaricia de sus propietarios. No es justo, ni es moralmente lícito lo que han hecho. Recibieron una subvención de todos los chilenos en base a la cual adquirieron una posición de poder que es manifiestamente excesiva para el interés nacional, y ahora nos endosan a todos los chilenos un problema social, ecológico y hoy alimentario, que si bien es cierto no lo generaron directamente ellos, son parte directa de él y los principales llamados a solucionarlo. ¿Qué eso no está en su giro y en los estatutos de la sociedad anónima? Tampoco lo está que su razón de existir fuese la dádiva que le entregaron el resto de los chilenos con el D.L. 701. Esa deuda no está en los estados financieros, pero es de justicia cobrarla. No es lícito que el corazón productivo de la nación sea enajenado a extranjeros que están muy lejos y ajenos a nuestros problemas.

No hay posibilidad alguna de concertar la paz social con políticos como los actuales de todo el espectro que actúan demagógicamente, sin decirle la verdad a los electores, sembrando expectativas falsas que serán causa del descoyuntamiento del esqueleto social. La ley indígena es una falsedad de principio a fin. Su derogación inmediata es condición sine qua non de la paz social.

No hay posibilidad alguna de concertar la paz social con un poder judicial que busca actuar políticamente sin sujeción a la ley y a la constitución, prevaricando a diario para imponer contra texto explícito de la ley, la subjetividad de la justicia del caso concreto. Deberían quienes manifiestan esa voluntad, renunciar al poder judicial y postular a cargos de elección popular.

No hay posibilidad alguna de concertar la paz social con individuos y grupos de presión que se consideran por sobre la ley y pretenden legitimar por la fuerza más o menos violenta, sus expectativas de adquirir gratuitamente derechos bajo justificaciones espurias como su presunto origen racial.

El plato está servido para la guerra civil. La presa principal la pone la gran empresa que es como la vaca que olvidó que fue ternero, los políticos que han hecho un negocio de la cosa pública, los miembros del poder judicial superhéroes de la subjetividad jurídica y los terroristas que buscan ganancia a rio revuelto.

El rechazo al mamarracho constitucional no será solución. Solo permitirá que no empeore esta situación.

Mayo de 2022